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La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad a la que llevamos adaptándonos desde 2010, y ha supuesto toda una revolución en la configuración de nuestro ordenamiento jurídico penal.

La entrada en vigor de la LO 1/2015 supuso un gran avance en la concreción de las bases que configuran el nacimiento de este novedoso tipo de responsabilidad criminal, sin embargo, quedan muchas sombras por despejar y mucho camino por recorrer hasta que su asimilación por parte de nuestro derecho penal sea plena.

Recientemente, el Tribunal Supremo (sentencia 668/2017 de 11 de octubre) ha dado otro paso hacia delante al recordar una vez más que, a pesar de su naturaleza impersonal, las personas jurídicas gozan de toda la protección que ofrecen los principios que rigen el proceso penal.

“cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal". No cabe, por tanto, una objetivación de este rupturista régimen de responsabilidad criminal de los entes colectivos, construido de espaldas al principio de culpabilidad

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12449-el-ts-repasa-las-garantias-procesales-de-las-personas-juridicas-en-su-ultima-sentencia/