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El reciente episodio mediático del día 1 de abril de 2018, viral en las redes sociales, sobre la aparente oposición de la Reina Letizia a que sus hijas fueran fotografiadas a solas con la Reina emérita, ha removido muchas sensibilidades que no han visto con buenos ojos lo que parece  una actitud de intromisión de la madre en la normalidad de la relación entre sus hijas y su abuela paterna.

Más allá del trasfondo existente en esta situación, que puede obedecer a una mala relación entre ambas reinas  o simplemente a un mal entendido sin importancia,  se nos plantea la cuestión de hasta qué punto  los progenitores, máximos garantes de la educación y el bienestar  de sus hijos, pueden poner trabas a una relación normalizada de éstos con sus abuelos y demás parientes.

El artículo 160.2 del Código Civil, establece que “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.

En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores”.

Es obvio, por tanto, que salvo que exista justa causa que lo desaconseje, la relación de los menores con sus parientes y, especialmente, con sus abuelos y hermanos ha de garantizarse en condiciones de normalidad, ya que, tal y como proclama la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 8.1), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990,el menor tiene derecho a preservar sus relaciones familiares sin injerencias ilícitas.

La propia exposición de motivos de la Ley 42/2003 (LA LEY 1756/2003) que reformó el artículo 160 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ya señaló que los abuelos tienen un papel fundamental en la cohesión y transmisión de valores en la familia, que favorecen la estabilidad afectiva y personal del menor, papel que también desempeñan otros parientes y allegados.

 Como dice la sentencia del Tribunal Supremo (STS) de22 mayo de 2008. “La integración familiar y social del menor no puede conseguirse si se priva a éste, en contra de su derecho reconocido, de la posibilidad de relacionarse con sus abuelos y demás parientes”.

Por su parte, la STS de 20 de septiembre de 2002 (LA LEY 7868/2002)consideró que no existía justa causa que impidiera las comunicaciones del menor con sus abuelos, pues “el ejercicio del derecho de visita no puede depender de una actitud personal del padre”.

En el mismo sentido, en su sentencia de 14 de diciembre de 2007 (LA LEY 283065/2007), la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que ”Los menores tienen derecho a una integración familiar y social que, lógicamente, no puede conseguirse si se priva al niño, en contra de su derecho reconocido, de la posibilidad de relacionarse con sus abuelos y demás parientes y La AP Illes Balears, en sentencia de 20 de diciembre de 2002 (LA LEY 214721/2002) estimó procedente establecer un régimen de visitas a favor de los abuelos, pues los problemas que presentan los adultos no tiene que afectar a las relaciones de la niña con sus abuelos al ser éstas relaciones beneficiosas para el desarrollo integral de la menor”.

Por más reciente, citamos la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de enero de 2018, en la que viene a ratificarse la doctrina jurisprudencial existente hasta la fecha según la cual, “el interés del menor debe ser  guía de la interpretación jurisprudencial deriva de lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño, que establece que "Los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluíos [...] Las relaciones familiares de conformidad con la Ley [...]".No es posible, pues, impedir o limitar el derecho de los niños al contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento de éstos con sus progenitores ( SSTS 20 de octubre de 2011 y 13 de febrero de 2015 ). Como recoge la sentencia 576/2009, de 28 de julio , la relación del nieto con los abuelos es siempre enriquecedora ( STS 20 de septiembre de 2002 ) y no cabe desconocer el legítimo derecho de los abuelos a tener un estrecho contacto personal con quien les une una relación de parentesco tan próximo que justifica un especial afecto. Los abuelos ocupan una situación respecto de los nietos de carácter singular y, sin perjuicio de tener en cuenta las circunstancias específicas del supuesto que determinan que aquélla pueda presentarse con múltiples aspectos y matices, en principio no cabe reducir la relación personal a un mero contacto durante un breve tiempo”.

Como argumenta dicha sentencia, “todo ello debe entenderse sin perjuicio de tomar en cuenta la voluntad del menor que deberá ser oído al respecto”.

CONCLUSIÓN: El INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR debe prevalecer en el desarrollo de las relaciones familiares y en la interpretación de las leyes que las regulan. Por lo tanto, más allá del lógico protagonismo que, en condiciones de normalidad, sus progenitores ostentarán respecto a su educación y cuidado, el derecho del menor a relacionarse con el resto de sus familiares, especialmente abuelos y hermanos, es un derecho propio y no una opción de sus tutores legales.

 

 

La Directiva Europea 27/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, impone en su artículo 9  varias obligaciones relacionadas con la contabilización individualizada de consumos de energía , entre ellas la relativa a la energía térmica de los sistemas de calefacción centralizados, con la pretensión de que el consumidor  conozca  periódicamente el consumo que realiza para poder adecuar el uso que hace de la energía y para que pague en función de lo que consume.

Dicha Directiva debió haberse traspuesto a la legislación española  en junio de 2014. Sin embargo no se realiza  hasta el Real Decreto 56/2016 de eficiencia energética y , además, no se impone la obligatoriedad de que todas las viviendas dispongan de contadores individuales de calefacción. En definitiva, muchas comunidades de propietarios han pospuesto, por ello, las realización de obras  a la espera de la aprobación de la normativa legal que detalle los requisitos a cumplir a pesar.

Paradójicamente, el Real Decreto-ley 8/2014 de 4 de julio , determina el régimen de sanciones  en caso de incumplimiento en materia de consumos energéticos y más concretamente las multas que se recogen en caso de incumplimiento ( entre 1001 y 10.000 euros), tipificando como infracción grave el no cumplir  con la obligación de instalar contadores de consumo ( de calor, frío y/o agua caliente sanitaria)individuales o soluciones alternativas siempre que sea económica y/o técnicamente viable. En definitiva, están previendo una sanción por el incumplimiento de una obligación que todavía no se ha traspuesto a la legislación española por lo que es obvio que, antes o después, se procederá a regular la exigencia de contadores individuales, aunque hoy por hoy todavía no sea obligatorio.

Qué ocurre si a pesar de no estar todavía obligados, una Comunidad de Propietarios acuerda la instalación de contadores individuales de calefacción?

Hay muchas Comunidades de Propietarios que con independencia de la exigencia legal de dicha instalación, están a favor de su realización puesto que ayuda a evitar el despilfarro energético, cada vecino paga por lo que consume, se evitan disputas en la comunidad y todo ello contribuye a cumplir con los objetivos internacionales de ahorro energético y mejora del Medio Ambiente.

Por eso,  entendemos que ,aunque todavía no sea una exigencia legal, la instalación de contadores individuales en una Comunidad de Propietarios es una decisión para la que, conforme al artículo 17,3 de la Ley de Propiedad Horizontal, no se necesita unanimidad y obliga a todos los propietarios y como consecuencia de ello, o bien accede el propietario disidente a que se instale en su domicilio dicho contador, o bien se le cobra como al que más consume, salvo que sea posible calcular su consumo por otras vías . Este es nuestro parecer, en aplicación de la Directiva europea 2012/27/UE  sobre eficiencia energética la que  establece en su artículo 10.1 .2º párrafo relativo a Información sobre la facturación  que " Sólo en el caso de que el cliente final no haya facilitado una lectura del contador para un intervalo de facturación determinado se basará la facturación en una estimación del consumo o un cálculo a tanto alzado", puesto que  aunque la Directiva mencionada no se haya traspuesto todavía a la legislación española, al haberse decidido voluntariamente la instalación de contadores individuales, parece equitativa esta previsión que la  misma Directiva realiza de cara a contabilizar el consumo del propietario que no facilite la lectura del contador ( ya sea por negarse a que entren en su vivienda cuando el contador se encuentre ahí, o porque se niegue a instalar el propio contador.)